Defensa de la gestión ante las acusaciones
El gobierno detiene la obra del km. 50 hasta que se disipen los rumores de delitos

Es porque algunos comentarios ventilados incluso en medios nacionales involucraban al jefe comunal en un pedido de coimas para habilitar “Downtown”. El propio Zúccaro hizo la presentación ante los Tribunales de San Isidro. “Como nadie denunciaba en serio fue el intendente el que decidió ir a la justicia”, explicaron desde el gobierno.

El intendente Humberto Zúccaro decidió llevar él a los tribunales el conflicto por la construcción de un complejo de oficinas del km. 50.
Es que, tal como señalara Pilar de Todos ayer, el jefe comunal se pondrá a disposición de los tribunales de San Isidro, luego de que sonaran algunos rumores, reproducidos por periodistas de Radio 10 y C5N, que involucraban al mandatario local en un supuesto pedido de coimas para permitir la construcción de Downtown, una obra rechazada por la oposición por creerla fuera de la ley vigente, sobre todo en lo relacionado a la zonificación.
El gobierno siempre sostuvo que la obra cumplía con todos los requisitos, y se respaldaban en una resolución provincial (la 06/01) que crea a la vera de la Panamericana una nueva figura de uso de suelo, la Metropolitana.
Sin embargo, la oposición insistió en que Downtown, un complejo que reunirá a 200 oficinas y cerca de 1000 cocheras que se erigirá al costado de la calle Chubut, no tiene autorización para instalarse allí e insistieron con sus denuncias, aunque mediáticas.
Fue en ese marco en donde el lunes la edil de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli fue entrevistada por Eduardo Feinman y Oscar González Oro, a través de Radio 10, quienes en varias oportunidades presentaron la nota como “el caso Porreti de Pilar”, y deslizaron que el intendente Zúccaro le habría pedido tres millones de dólares a los empresarios de Downtown.
Campagnoli adujo que eso sólo eran “rumores”, de los cuales no tenía ninguna prueba, y se remitió a cuestionar el carácter jurídico de la obra.
Desde el gobierno, no obstante, intentaron durante todo el lunes comunicarse con la emisora para hacer uso del derecho a réplica, aunque esa posibilidad le fue denegada.
Ayer, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Graciela Olivera, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Castillo, y el titular de la bancada zuccarista, Carlos Olivera, ofrecieron una conferencia de prensa en donde comunicaron el cese momentáneo de la obra y la presentación de un escrito ante los tribunales de San Isidro, a través del cual el jefe comunal se pone a disposición de la justicia para determinar si es que son ciertos los rumores que se ventilaron en medios nacionales.
“A raíz de denuncias que tuvieron difusión por  supuestos delitos imputados a funcionarios públicos, comunicamos que el intendente Zúccaro ha radicado la pertinente denuncia en sede penal a los fines de que se investigue lo que se difundió ayer (por el lunes)”, explicó Graciela Olivera.
Al mismo tiempo, informó la titular de Asuntos Legales, se decidió paralizar la obra, hasta tanto se expida la justicia.

—¿La presentación judicial es además por la legalidad o no de la obra o sólo por las acusaciones contra el intendente?—, preguntó la prensa

—Hasta el momento es por los dichos que se difundieron en algunos medios, pero el fiscal luego podría pedir el expediente y avanzar en otros aspectos. Nosotros seguimos en la misma postura que es la de sostener que Downtown se ajusta al marco legal—, respondió Carlos Olivera.

En ese sentido, el edil anunció que se convocará a una sesión extraordinaria para esta tarde, en donde “se acompañará la decisión política del intendente de parar la obra”.

—¿Por qué se frena la obra si el gobierno sostiene que está dentro de los parámetros legales?

Porque si se realizan denuncias de supuestos delitos y habiendo iniciado la pertinente acción penal, no queda otra opción que tomar esa decisión hasta que la justicia sea la que dictamine. La posición del Municipio sigue siendo la misma. Lo que se imputó ayer es un tema totalmente distinto a lo que imputaba la oposición, que eran cuestiones administrativas, ahora aparecieron imputaciones de un  delito. Esto hace también a la seriedad y seguridad jurídica para los próximos inversores que vengan a Pilar. Es muy difícil atraer inversiones con estas sospechas sobre los hombros.

—¿No temen, ahora, acciones, por parte de los constructores de Downtown?

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