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“Down Town” en el ojo de la tormenta
Se espera en el Concejo el expediente que encendió la polémica entre el gobierno y la oposición
Se trata de la construcción de un complejo de oficinas en el Km. 50, calificado como irregular por la Coalición Cívica y el macrismo. El intendente enviará la documentación al legislativo. Buscan frenar las críticas.
 En el marco de una decisión que busca descomprimir el conflicto que en las últimas semanas se suscitó entre el gobierno y la oposición, el intendente Humberto Zúccaro enviará al Concejo Deliberante el expediente a través del cual el complejo de oficinas Down Town tramitó la obra que ahora ejecuta en las inmediaciones del Kilómetro 50.
Es que desde la Coalición Cívica y el macrismo señalaron que los trabajos no se ajustan a la legislación vigente, ya que la zona del Km. 50, dicen, no tiene la zonificación adecuada para albergar establecimientos de esa índole.
Aunque siempre desde el gobierno eligieron el silencio ante las críticas, señalaban que la obra era “totalmente legal”. Sin embargo, los cuestionamientos siguieron y el propio intendente decidió, según comunicó el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Castillo, enviar el expediente al deliberativo, “para clarificar el tema”.
Hasta ayer, la carpeta no había llegado al deliberativo, y los ediles consultados por Pilar de Todos no sabían precisar cuándo los documentos iban a llegar al legislativo.
De todos modos, confiaban en que tal como lo prometiera Zúccaro los papeles arriben a la sede del legislativo, en donde se la dará doble análisis. Por un lado si “Down Town” tiene todas las autorizaciones para seguir adelante, y, por el otro, si los instrumentos con los que se habilitaron fueron lo necesariamente válidos, como una ordenanza en vigencia desde fines de 2003 (290/03), que da facultades al Ejecutivo que son del Legislativo, como, justamente, la de cambiar zonificaciones.
La discusión
El fondo de la discusión, en rigor, es saber si la ordenanza 290 de 2003 es legal, algo que ya no sólo ponen en duda ediles de la oposición sino también del oficialismo.
Tanto desde la Coalición Cívica como del macrismo, ambos con representación legislativa, aducen que esa normativa es inválida, ya que confiere al Ejecutivo poderes que son del deliberativo.
En ese contexto, varios ediles sostuvieron que no sería descabellado pensar en la derogación de la ordenanza, aunque restaría saber que pasará con lo aprobado hacia atrás, ya que hay derechos adquiridos por parte de los inversores.
Algunas de las voces que partieron en contra de “Down Town”, (principalmente de los barrios cerrados Mailing y Mirasoles), puntualizan en que una obra de tal magnitud en la zona no es viable, ya que temen que produzca inundaciones a raíz del cauce del arroyo Burgueño, que pasa a un costado de la construcción.
Por su parte, el gobierno había señalado que en el medio “hay una pelea de intereses económicos y de puja de empresarios que se creen los dueños de Pilar”.
En ese sentido, miran de reojo a un importante empresario inmobiliario, que mantiene una profunda amistad, justamente, con una de las ediles que más atacó la nueva inversión de Down Town, la ex lopezmurphista y ahora de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli.
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