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Está frenada en el Senado
Molina: “Es imprescindible apoyar la Ley de Reforma Penal”
El legislador provincial de Pilar manifestó que él junto a otros 20 miembros de la Cámara apoyaron la medida reclamada por Solá, pero aún no hay acuerdo. Prevé la supresión del Tribunal de Casación y se triplicarán los tribunales criminales para condenas menores a 20 años.
 El senador provincial de Pilar José Molina manifestó que la aprobación de la Ley de Reforma Penal “es imprescindible” para agilizar el trabajo de la justicia y reducir los índices de inseguridad. Molina, miembro de la Cámara desde el 10 de diciembre de 2005, fue uno de los legisladores que estampó su firma a fines del año pasado en el dictamen favorable que surgió de la reunión que mantuvo la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sin embargo, el proyecto aún no tiene el acuerdo de la mayoría del cuerpo, resistencia que proviene del grupo de senadores radicales y pejotistas ex duhaldistas.
El paquete de medidas propone un aumento del presupuesto para la Justicia; que los tribunales criminales se conviertan en órganos unipersonales y por lo tanto se podría triplicar su cantidad; acelerar los tiempos procesales para delitos en flagrancia y la eliminación del recurso de Casación, justamente este último punto uno de los que más polémica genera.
Es que si se aprueba la última de estas propuestas, desaparecerá un paso apelatorio en el proceso de juzgamiento. Hasta ahora, el juzgado actuaba en primera instancia y la Cámara Penal revisaba el dictamen para verificar el cumplimiento de los derechos y garantías del procesado. Aún así, existe una tercera instancia con el Tribunal de Casación, que interviene en la valoración de las pruebas, la correcta aplicación de la ley y los principios constitucionales. Aquí habría una redundancia, según los impulsores de la reforma: la constitucionalidad de los actos específicamente corresponde a la Suprema Corte. Esta dualidad, advierten, incrementa las posibilidades de la "industria de las apelaciones".
Si el proyecto es aprobado en la Legislatura, Casación quedaría como un tribunal residual con más de 6.000 causas que se acumularon desde 1998.
“Es imprescindible apoyar la Ley de Reforma Penal, pero hay bloques que no dan el visto bueno”; comentó Molina a Pilar de Todos.
Si bien el legislador prefirió ser cauto y sólo referirse al contenido de la iniciativa, en rigor lo que estaría en juego no es la discusión de fondo del proyecto, sino espacios de poder. No son pocos los que advierten que en el núcleo de Senadores del PJ que se niegan a levantar la mano unos nueve renuevan su banca a fin de año —la Cámara está compuesta por 46 miembros—, por lo que las negociaciones pasarían por un lugar bastante distante al contenido de la Ley.
La Ley
El gobernador Felipe Solá había pedido con efusividad en Pilar la inmediata aprobación de la Ley, que ya tiene media sanción de Diputados, para “agilizar las actuaciones de la Justicia. “Actualmente hay 24 mil detenidos en cárceles de la provincia, de los cuales sólo 4 mil tiene condena firme. Esto tiene que ver con una saturación del sistema judicial que hay que modificar”, explicó Molina.
De acuerdo al proyecto, se transformarán en Jueces de Cámara de Apelaciones y Garantías los cargos de Juez del Tribunal de Casación.
Los magistrados titulares de los cargos suprimidos serán reubicados en las diferentes salas creadas por el proyecto de Ley en un plazo de sesenta días, manteniendo sus respectivos niveles salariales.
Caso contrario, podrán optar, con independencia de su antigüedad en el cargo, por el sistema provisional establecido en el Dto. Ley N° 9404/79, aplicado a sus respectivos niveles salariales, quedando exceptuados de las incompatibilidades previstas en dicho régimen.
Similar será el caso de los Fiscales de R los cargos de Adjunto Fiscal de Casación y Adjunto Defensor de la misma instancia.
Pasarán a ser Fiscales de Recursos Extraordinarios y Defensor de Recursos Extraordinarios respectivamente, con los mismos niveles salariales. EN caso contrario, podrán acogerse al sistema previsional que rige actualmente.
“Además se crearán otras 144 Defensorías Oficiales en todo el territorio bonaerense, 14 Fiscalías, 45 cargos de Jueces de Cámara, y las Secretarías administrativas, que funcionará en cada Departamento Judicial”, enumeró Molina.
Las Secretarías Administrativas tendrán bajo sus funciones “recepcionar y distribuir las causas entre los jueces penales, administrar el calendario y las salas de audiencia, coordinar las notificaciones a las partes involucradas en las audiencias, organizar las presencia de detenidos, testigos, peritos y víctimas, atender y orientar al público que asista a las audiencias, podrá redistribuir empleados y funcionarios de los Juzgados, Tribunales y Cámaras del fuero, considerando en todo caso el incremento de la carga laboral de cada uno de los órganos afectados”.
Según el texto del proyecto, “las Secretarías de Gestión Administrativa fijarán anualmente el calendario de audiencias de modo tal que el 75% de la totalidad de días hábiles del año sea ocupado por cada Juez en la realización de audiencias, procurando la utilización de salas en horario comprendido entre las 8 horas y las 19 horas de cada día”.
“Los Secretarios dispondrán las audiencias y los Jueces deberán ajustarse a esos tiempos y no dar entrevistas para dentro de 9 meses como se da ahora”, precisó Molina y añadió: “No hay nada oscuro ni extraño en la Ley. Está en la Cámara desde fines de noviembre y es esencial que se apruebe, porque lo que se necesitan son modificaciones de fondo que ayuden a reducir drásticamente la inseguridad”.
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