Tres countries de Pilar en la mira de la Justicia

Podrían expropiar las tierras
Tres countries de Pilar en la mira de la Justicia

Es porque se oponen al paso del tendido eléctrico que suministrará de energía a parte del área metropolitana de la provincia. Se trata de obras que demandarán una inversión de 2400 millones de pesos.

El paquete de trabajos para extender las redes de transporte eléctrico que están en marcha por casi $ 2.400 millones dio de bruces con un obstáculo casi inesperado.
Tres countries de Pilar se oponen al paso de los tendidos eléctricos que llevarán energía a una importante porción del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, proveniente de Yacyretá y de Brasil.
Pese a que están sobre la traza aprobada para el electroducto; los dueños de los countries Estancias del Pilar, Altos de Manzanares y Estancia Achalay no quieren otorgar los permisos de ingreso a la constructora que tiene que instalar las torres y los cables de alta tensión.
La línea eléctrica de la discordia es la tercera interconexión de Yacyretá, que comenzó a ejecutarse hace cuatro meses. El tendido de los 912 kilómetros de la red de 500 kV se dividió en dos tramos. El que se extiende entre Rincón Santa María (Corrientes) y Colonia Elía (Entre Ríos) quedó a cargo de LIMSA, un consorcio que lidera Cartellone.
En tanto, el tramo sur entre Colonia Elía y General Rodríguez (Buenos Aires) fue adjudicado a Intesar, la firma que controla la cordobesa Electroingeniería.

Negativa
Al analizar el estado de situación de los trabajos en la traza sur, se observa un marcado contraste entre las zonas afectadas de Entre Ríos y Buenos Aires.
En la provincia mesopotámica, sobre un total de 178 parcelas, ya concedieron los permisos para iniciar los trabajos el 81% de los propietarios. En cambio, en el territorio bonaerense—donde la línea recorre 158 parcelas—sólo el 14,5% de los dueños de las tierras prestaron su conformidad.
Entre los opositores más firmes se encuentran los tres countries localizados en el corredor eléctrico que va desde Campana a General Rodríguez. Si bien estaban al tanto de que la zona estaba bajo el "régimen de servidumbre administrativa de electroducto", los administradores de las urbanizaciones se niegan a conceder los permisos para llevar adelante las tareas de agrimensura.
De no registrarse un cambio de postura en los próximos días, los casos serán llevados a la Justicia para que —de acuerdo con lo que establece la ley nacional 19.552— un magistrado federal disponga el ingreso de los constructores.
Si persiste la negativa, el juez puede ordenar la expropiación de los terrenos por donde debe pasar la línea eléctrica. En tanto, las restantes líneas en construcción que integran el Plan Federal de Transporte Eléctrico no registran mayores inconvenientes.

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