Proyecto del senador José Molina
Quieren crear un banco de ADN para condenados por violación
Buscan que el mapa genético quede registrado y así poder compararlo con muestras recogidas en otros hechos. El resultado se considerará como prueba pericial complementaria. Será analizado por la legislatura en las próximas semanas.
El senador provincial José Molina presentó un proyecto en la cámara baja bonaerense a través del cual impulsa la creación de una Banco de ADN en donde estén los registros genéticos de todos los condenados con sentencia firme por violación.
La idea, según el texto del proyecto al que tuvo acceso Pilar de Todos establece la creación “en el ámbito de la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, el Registro Único de Datos Genéticos de Personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, previsto y regulado en el Título III del Libro II del Código Penal de la Nación Argentina”.
La intención es poder contar con una base de datos genética para consultar en caso de nuevos hechos de violación y cotejar si el condenado (ya sea en libertad condicional, o con la condena cumplida) volvió a reincidir.
La iniciativa dispone que el Banco, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia, “contendrá los registros de ADN de aquellos que ya tengan sentencia de condenatoria firme de las instancias jurisdiccionales provinciales y de la Corte Federal a través de sus mecanismos recursivos”.
“Dicho Registro se conformará con los datos que se obtengan de la muestra de cabello que se ordenará, respecto del condenado, quién indicará la zona de extracción, a excepción de lo que ordene el Juez por resolución fundada”, completa el proyecto que será analizado por las comisiones pertinentes en las próximas semanas.
La idea es que los registros sirvan como “base comparativa respecto de las mismas muestras que se obtengan del imputado, las que serán remitidas, al mismo banco de datos de ADN para que el organismo técnico correspondiente efectúe la confrontación con lo obrante en sus registros”. Si la comparación da negativo, la muestra que se extrajo del imputado deberá ser destruida, trámite que deberá quedar debidamente registrado en el expediente.
En caso de coincidir, el resultado del cotejo se considerará como prueba pericial complementaria, al tiempo que el trámite debe realizarse “por decisión fundada del Juez, adjudicada en función de la semiplena prueba de la comisión ilícita, imputada a la autoría y responsabilidad del sospechado, respetando plenamente las garantías establecidas por la Constitución Nacional, por los instrumentos internacionales, y por las leyes inferiores que reglamenten su ejercicio”, según el texto.
Fundamentos
“Conmueve a la sociedad semejante agresión, por el alto impacto que genera este tipo de acción antijurídica que comprende la integridad física, psíquica y moral de las víctimas, las que resultan atravesadas de por vida por las secuelas irreversibles que el trauma sufrido le genera”, manifiesta el proyecto impulsado por Molina, que ya tiene el aval de varios de sus compañeros de bancada.
“Mayor énfasis aún, cuando la víctima es menor de edad y es bien sabido que la persona en pleno proceso de desarrollo de su niñez, registra las secuelas de la perturbación con mayor gravedad en su evolución madurativa, que se manifiestan en el devenir de las etapas de crecimiento e impactan en la conformación de su personalidad en la adultez”, completa.
En la próxima sesión de la Cámara Baja, el proyecto tomará estado parlamentario y será derivado a las comisiones correspondientes, como Salud, Asuntos Constitucionales y Seguridad.
“La intención del proyecto es impedir que se reiteren ilícitos como las violaciones. Nuestro proyecto, sin desconocer la existencia y respeto de la manda constitucional, añade un medio de pruebas más, a través del cual, la reunión material de la semiplena prueba de la autoría y responsabilidad por este ilícito, determinará con feaciencia la imputabilidad al sospechado. Sin olvido, obviamente, que ayudará a descartar la duda razonable respecto del inocente. De este modo la escasez de la reunión del material probatorio para el delito, tenderá a perfeccionarse completándose con un examen de ADN a través de la extracción de una muestra de cabello de la persona del imputado”, concluyó Molina.
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