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Un servicio, mil problemas
La Justicia ordena mejoras en la seguridad del San Martín
Así, confirmó un fallo contra el Estado, que opera la línea férrea que une Pilar con Retiro. En 30 días se deberían determinar las obras de accesibilidad física. “Es inadmisible que l servicio se preste con riesgo para la vida”, sostiene el escrito.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de primera instancia del juez en lo contencioso administrativo federal N° 12, Guillermo Rossi, que había ordenado a la empresa Ugofe SA y al Estado nacional a cumplir con su obligación de garantizar condiciones de seguridad a todos los pasajeros y de accesibilidad a las personas discapacitadas en los trenes de la línea San Martín.
Y fue más allá: aconsejó al Gobierno que suspendiera las prestaciones en los horarios en los que no pueda evitar los riesgos para la vida de los usuarios.
Con el acuerdo de los jueces Néstor Buján, Pedro J. Coviello y Bernardo Licht, el fallo establece, entre otras cosas, que en un plazo de 30 días se determinen las obras de accesibilidad física necesarias para poder incluirlas en el presupuesto de 2007, con el propósito de que sean ejecutadas en ese ejercicio.
Sostiene la sala que el prestador del servicio ferroviario no ha argumentado ni rebatido la conclusión del fallo de primera instancia en el sentido de que "es obligación del operador controlar que las formaciones no circulen con pasajeros en situación de inseguridad (fuera del compartimento, en las escaleras, etc.)".
"Inadmisible"
 Tampoco se argumentó -continúa la sentencia, que ratifica un fallo que había hecho lugar a una demanda del ombudsman nacional, Eduardo Mondino- razonadamente que la cantidad de accesos por controlar en cada estación excediese el número de agentes que se encuentra obligado a destinar el operador en cada una de ellas.
Y consigna: "Lo que resulta inadmisible es pretender que el servicio pueda ser prestado con los riesgos para la vida en que se lo viene haciendo; antes que ello, es preferible suspender su prestación en los horarios en que tales riesgos no puedan ser evitados, ya que el de preservar la vida es el primer y fundamental derecho de los habitantes del país, siendo consecuentemente obligación del Estado nacional adoptar todas las medidas necesarias que se encuentren a su alcance para impedir los riesgos de conductas, aun propias, que pudieran comprometerlo".
Como se recordará, a mediados de 2004 el Gobierno rescindió el contrato de concesión de la línea San Martín, hasta entonces explotada por la empresa Metropolitano, que sigue controlando la línea Roca. Tras idas y venidas en la Justicia, el Estado quedó a cargo de la concesión y se formó la empresa Unidad de Gestión Operativa SA (Ugofe SA).
En junio de 2005, el defensor Mondino había presentado un recurso de amparo para que se proveyera un servicio digno, eficiente y seguro a todos los usuarios de trenes, que quedó radicado en el juzgado de Rossi.
En marzo de este año amplió la demanda y requirió con carácter urgente una resolución, a la vez que aportó nuevas pruebas a la Justicia por la existencia de graves hechos que ratificaron la situación de inseguridad permanente a la que se encuentran sometidos los pasajeros de la línea San Martín, que une Retiro con Pilar.
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